El nuevo Tratado europeo, recibido con fuegos artificiales en la ciudad donde vio la luz.

Ha tardado lo suyo, pero hoy entra por fin en vigor el Tratado de Lisboa. Un texto que introduce amplios cambios institucionales con el objetivo de racionalizar el proceso decisorio y dar a la UE mayor protagonismo en la escena internacional.

Saludado como piedra angular de una Unión más democrática, eficaz y transparente, el Tratado supone la culminación de un largo proceso encaminado a reformar las normas de funcionamiento interno de la UE, objetivo aún más acuciante, si cabe, tras la adhesión de 10 nuevos países en 2004.

En palabras del Presidente Barroso, "el Tratado de Lisboa sitúa a los ciudadanos en el centro del proyecto europeo. Me complace que ahora dispongamos de las instituciones adecuadas para actuar y de un periodo de estabilidad".

El acontecimiento se celebró con una ceremonia en Lisboa, donde hace dos años se firmó el Tratado.

La aprobación del nuevo texto requería su ratificación por todos los países miembros, proceso que concluyó hace apenas unas semanas. En octubre volvieron a las urnas los votantes irlandeses, esta vez para dar el sí. Poco después cejaba en su oposición el Presidente checo y quedaba así superado el último obstáculo.

Hace un mes, a modo de aperitivo del día señalado, los dirigentes europeos se reunieron para cubrir dos nuevos cargos creados en virtud del Tratado. El Primer Ministro belga, Herman Van Rompuy, era elegido primer Presidente permanente de la Unión, mientras que la Comisaria Catherine Ashton se convertía en Alta Representante de Política Exterior.

No le queda ya al Presidente Barroso sino poner manos a la obra y formar una nueva Comisión. La semana pasada se anunciaron los nominados. También podrán tomar posesión de su escaño los 18 diputados europeos elegidos en junio con arreglo a las normas del nuevo Tratado.

Pero esto no es más que el principio.
Entre otros muchos cambios, el Tratado supone una nueva ponderación de los votos entre los países miembros, la eliminación del veto en una serie de áreas, la ampliación de las competencias de la Comisión y una presencia mucho mayor del Parlamento en el proceso legislativo.

Un nuevo mecanismo de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de influir directamente en la política europea, y la Carta de los Derechos Fundamentales pasa a ser jurídicamente vinculante.

El nuevo Tratado modifica los de Roma y Maastricht y no sólo dota a la Unión de un nuevo marco jurídico, sino también de instrumentos que le permitan afrontar las dificultades propias de un mundo cada vez más interdependiente.